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CONCLUSIONES El acto desarrollado en el Parlamento de Canarias provocó conclusiones muy interesantes sobre cómo se está negociando el Pacto de Migraciones y Asilo a 1 de abril de 2022 y cuáles son los aspectos más necesarios para mejorar la protección de los niños y niñas migrantes en las RUP. Se elaborará un dictamen para la CALRE, que preside el Parlamento de Canarias. Para dotarlas de mayor claridad dividiremos en cuatro los aspectos esenciales de estas conclusiones. En primer lugar, la exposición de las autoridades de la Unión sobre la negociación del Pacto en la actualidad de la mano de la Comisión Europea. En segundo lugar, la opinión de quienes participan en la negociación desde la perspectiva social y de protección internacional facilitada por CEAR. En tercer lugar, la situación y posición de los menores en las RUP con la posición del Gobierno de Canarias y con la visión de Guayana, Por último y, en cuarto lugar, la opinión de la sociedad civil en Canarias. Se puede ver de nuevo la totalidad del acto AQUÍ. Se puede consultarla noticia publicada por el Parlamento de Canarias, AQUÍ. 1.- Situación actual del Pacto En el tema de menores no siempre es posible iniciar actividad legislativa que permita incluirlos Los problemas esenciales son las tasas de conocimiento y problemática divergentes entre los Estados en las solicitudes de asilo y su tramitación, los rescates en el mar, los movimientos secundarios, las bajas tasas de retorno y el limbo jurídico para quien no puede ser devuelto. En cuanto a los menores, este proceso en frontera no se debe aplicar a los colectivos vulnerables, como los menores solos y las familias con menores. Respecto a estos, las medidas esenciales son; Nombrar un tutor en 15 días laborables aunque se negocia lograrlo en 5; que los niños no acompañados o las familias con niños estén exentos del procedimiento fronterizo; desarrollar alternativas a la detención para los niños y sus familias; que para la reunificación familiar se simplifique la carga de la prueba de los vínculos; que existan plazos más flexibles para responder a solicitudes de aclaraciones y pruebas por el EM donde residen los familiares; que los menores tengan derecho a un alojamiento y una asistencia adecuados, rápidos y no discriminatorios y acceso a la educación en un plazo máximo de 2 meses. 2.- Sociedad Civil participante en la negociación del Pacto. El pacto tiene visión sobre los menores, pero aún no da respuestas correctas. El plazo de 15 días para designar al tutor es excesivo, sin que se haya cerrado el de 5. No se resuelven los posibles conflictos de intereses entre el menor y quien ejerce la tutela. Se cita que los menores de 12 años no pasen el procedimiento de fronteara, lo que permitirá que lo pasen menores de entre 12 y 18 años. En Canarias se ve el problema de cómo se puede alargar el mecanismo de pre screening o pre cribado. El pacto no cita qué ocurre si los menores no pasan el cribado pero no pueden ser devueltos, el limbo jurídico permanece. Se han publicado instrucciones sobre qué hacer con los menores ucranianos, y se propone que sean extrapolables. Sí se mejora claramente en el reconocimiento de las familias que se hacen en los países de tránsito y en que se incluye a los hermanos a la hora de hacer reagrupación familiar. Hay aspectos que deben ser claramente mejorados; en menores entre 12 y 18 años puede haber periodos de detención larguísimos; se debe aclarar el papel de las plataformas de desembarco en lugares próximos a la frontera; en algunos países se propone un sistema mixto de tutela entre el tutor y otras organizaciones; todo el pre screening no pueden hacerse en los países del sur; en estos países puede haber hasta 8 semanas de detención; se debe aclarar el partenariado de retorno. 3.- Los niños y niñas no acompañados en las RUP La situación en Canarias es muy grave, ya que en un territorio como el nuestro se tutelan 2.750 niños y niñas no acompañados en la actualidad. Solo se disponen de 400 plazas conveniadas con los cabildos y por ello se han debido habilitar 50 recursos de emergencia con el tercer sector. Los recursos de menores deben ser de 20 plazas, pero si se divide por los 2.750 menores se entenderá que es imposible tener 140 centros diferentes para menores en las islas. Canarias no puede atender a más menores porque la atención correcta no es factible con este número. Los fondos FAMI se tienen que regionalizar para que se dediquen a los menoes. Han llegado menores de Ucrania y se publicado un Decreto ley de protección temporal aplicando los principios de la Directiva 55/2001. Se debe aplicar a España los mismos principios en los menores extranjeros no acompañado, con un procedimiento específico de acogida temporal. En cuanto a la situación en Guayana, El acogimiento que se da es el mismo en el ámbito legal que en Canarias. Se suele complicar el alojamiento por falta de disponibilidad y no se puede llegar a atender a sus necesidades. Con los países limítrofes no hay mucha relación que favorezca los flujos. Muchos menores llegan de Haití y las familias no siempre están sensibilizadas por las dificultades que pueden tener en la Guayana. 4.- La sociedad civil y la situación de los niños y niñas no acompañados en las RUP En Canarias no se cumple la Convención de los Derechos del Niño. El momento esencial que viven los niños es la determinación de su edad, y en los centros se ven mayores que están en los centros de menores y menores que están en los centros de mayores. La edad real nunca la han conocido, y en su determinación ese margen de 2 años es esencial. Hay que colaborar en los países de origen para crear un sistema en el que la documentación llegue ya que los centros no tienen recursos para hablar con la familia, y suelen ser ellos los que deben hacer la gestión de buscar la documentación. En segundo lugar, el sistema de acogida es esencial. Los niños no son vulnerables, son vulnerados en sus derechos. Hay que lograr que los recursos disponibles respondan a la realidad, y que no se queden en una mera teoría. Falta un sistema predictivo y con ese sistema establecer recursos reales, no teóricos, cómo debemos ejercer los derechos, y cómo intervenimos en los paradigmas de los chicos. Las entrevistas deben buscar la protección de los niños, no su catalogación. Por ello los menores siguen sin acompañamiento una vez que están aquí. Pasa si van a un centro de menores, de mayores o si quedan pendientes de la determinación de la edad. Si el menor va al campamento de Las Raíces, por ejemplo, se hace invisible. Puede llegar al campamento incluso sin pasar por la fiscalía. La Sociedad civil no está cuando llegan las pateras, solo está la policía y el traductor. Debe haber un primer contacto con el menor en el que no debe ser solo la policía la que participe en la determinación inicial de la edad. En los centros debe haber personal especializado que no venga de la seguridad, pedagogas, trabajadoras sociales.